Xalapa, Ver. a 24 de noviembre de 2022.- En relación a las declaraciones públicas del Gobernador Constitucional de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, realizadas el miércoles 23 de noviembre a diferentes medios de comunicación, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) expresa lo siguiente:

Que respecto al agravio en contra del periodista F. E. H. E., originario de la región de la Cuenca del Papaloapan y que fue víctima de privación ilegal de la libertad el pasado 20 de noviembre del presente año, para después ser liberado en las primeras horas del 23 de noviembre, desde este Organismo Autónomo condenamos la criminalización y estigmatización por parte del titular del Poder Ejecutivo.

Como instancia encargada de la atención y protección de los periodistas veracruzanos en razón de su labor profesional, quienes integramos el Pleno de la CEAPP lamentamos que desde su investidura como Gobernador se intente desprestigiar y revictimizar al comunicador que fue agredido en la localidad de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan.

Respecto a que «el periodista debe aclarar por qué vivía en casa de una persona acusada de huachicoleo», esta Comisión, en su carácter de asesora jurídica de la víctima y en pleno uso de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley 586 de la CEAPP, precisa lo siguiente:

Al momento de que el periodista fue víctima de los hechos ya conocidos, él prestaba sus servicios profesionales a una estación de radio comunitaria con influencia en municipios de la zona de la Cuenca del Papaloapan y fundada por un empresario de esta región. La sede de este medio de comunicación se encontraba en el mismo inmueble que habitó el empresario ya mencionado.

No obstante, cabe señalar que el comunicador ingresó a dicho medio de comunicación a principios de agosto del presente año y es importante precisar que el fundador de la radio y quien presuntamente estaba señalado de dedicarse a la venta ilegal de combustible, falleció en mayo de 2022, es decir, cuatro meses antes de que la víctima tuviera relación laboral con los actuales dueños del medio de comunicación.

Esta información y los datos sobre el contexto en el que la víctima ejercía su libertad de expresión en la región ya están en poder de la Fiscalía General del Estado, única autoridad facultada para la investigación de los hechos y el esclarecimiento del caso.

Por lo tanto, desde esta Comisión emitimos un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que evite estigmatizar, denigrar, criminalizar o revictimizar a quienes ejercen el periodismo y a los comunicadores que han sido víctimas de agravios a su integridad y esfera jurídica, esto con base en las múltiples recomendaciones y criterios emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su relatoría especial de Libertad de Expresión, así como por otros tratados internacionales en la materia.

La Comisión reconoce su apoyo y respaldo por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para brindar protección a la víctima, sin embargo consideramos crucial abonar a una discusión pública que se base en el respeto y en otorgar todas las garantías plasmadas en nuestras leyes vigentes.