Tomas Marín Arellano integrante de la Federación Veracruzana de Transportistas en Todas sus Modalidades, exigieron que se realice una consulta para elaborar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pese a que desconocen cómo se organiza una consulta popular para que resulte vinculante.

En conferencia de prensa, señalaron que quieren que se garantice en la Constitución el derecho a la seguridad y movilidad vial y piden desechar iniciativas de diputados.

Solicitaron al Poder Legislativo que asuma sus atribuciones de manera responsable y aprueben la consulta, toda vez que el reglamento interior en su artículo 152 ordena que se realicen consultas ciudadanas, aún y cuando el plazo para la homologación de la Ley en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en noviembre de 2020, vence en noviembre de este año.

El líder transportista criticó las iniciativas presentadas por el diputado otón Hernández candanedo sobre la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como la de la diputada Maribel Ramírez Topete, que va en el mismo sentido, ya que en Veracruz no está garantizada en la Constitución el derecho humano a la movilidad y seguridad vial.

Por lo que exigieron al Congreso del Estado se desechen tales propuestas, ya que primero se debe modificar la Constitución y luego se hagan las leyes secundarias.

«Nosotros los transportistas solicitamos al Poder Legislativo que respete sus mismas normas, porque no es justo que hagan leyes sin hacer una  consulta ciudadana», expresó.

Cuestionado sobre la modernidad a la que se deberá sujetar todo el transporte público, respondió que están a favor de comprar nuevas unidades con el apoyo que se establece en la ley general en la materia.

Los integrantes de la Federación además exigieron que se cree una secretaría de Movilidad y Seguridad Vial para que el Estado no se quede atrás de otras entidades.

Por otra parte, rechazaron que los taxistas que se ubican en la Central de Autobuses de Xalapa (Xalapa), cobren cuotas excesivas a los usuarios, incluso presumieron que son chóferes capacitados, con uniformes y seguros, aunque admitieron que nadie los regula para hacer el cobro que deseen.

«La Ley establece que el Gobierno debe hacer estudios socioeconómicos para determinar los nuevos costos, no los han hecho», señaló.

Finalmente dieron a conocer que, «Nosotros no hacemos eso (cobrar lo que quieren), nosotros ya tenemos unas tarifas establecidas. Lo que acaba de decir es mentira, nosotros no cobramos esos 70 que dicen, cobramos 50 de Caxa al centro».