Inadmisible cambios de sedes de Juzgados, sale más caro el caldo que las albóndigas: PT
• Se atenta contra los justiciables, al trasladar lejos de las cabeceras judiciales: Vicente Aguilar.
Irineo Pérez Melo.- Es inadmisible la actitud de la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, haya aprobado el cambio de sedes de los Juzgados de Veracruz y de Xalapa, al ubicarse en zonas lejanas de las cabeceras distritales, aseguró Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT).
En conferencia de prensa, expresó que con esta medida “se atenta contra los justiciables. ¡Imagínense un juicio por Demanda de Pensión Alimenticia; a la parte actora le costará más el caldo que las albóndigas!”, subrayó.
Por sentido común, dijo, los juzgados tienen que ubicarse en las cabeceras distritales o en lugares lo más cercanos a ellas.
Y es que en días pasados la también presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que antes de dejar el cargo, en noviembre próximo, realizaría cambios de sedes de Juzgados, sobre todo de Veracruz puerto para trasladarlos a Ciudad Cardel y de Xalapa a Naolinco.
De entre los cambios próximos se cuentan el traslado de los juzgados Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, así como del 14, especializado en Materia Familiar, actualmente ubicados en la ciudad judicial de Veracruz-Boca del Río.
Esta medida no es la primera vez que se hace, pues hace unos meses también se dio cambio en el Juzgado Sexto de lo Familiar de ese municipio al de Nogales, también por instrucciones de la presidenta del Poder Judicial.
Con la medida tomada, las repercusiones en los justiciables se hará evidente, al tener que trasladarse a ubicaciones más lejanas para realizar promociones, revisar expedientes y demás diligencias.
Por otro lado, el dirigente estatal petista respaldo la propuesta de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), en torno a qué se excusen a ciertos diputados por las razones de poder actuar como “juez y parte” en municipios donde fueron autoridad y en otros, dónde sus familiares gobiernan o gobernaron.
“El conflicto de intereses tiene que omitirse para no incurrir en solapamientos y complicidades”, añadió por último.
