• Juez federal otorgó suspensión provisional desde julio para evitar se le siguiera descontando “pensión alimenticia” a favor de un agiotista y no ha cumplido.

Irineo Pérez Melo.- A pesar de que la justicia federal le otorgó la suspensión provisional que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le realiza de manera ilegal a su pensión jubilatoria, las autoridades administrativas de la delegación Veracruz Norte se niegan a acatar el mandato judicial.
En una carta abierta dirigida al director del IMSS, maestro Zoe Robledo Aburto, María Esther Virués Colotl, manifestó su desesperación, porque desde el pasado mes de julio en que el Juez Federal resolvió a su favor los juicios de amparo 802/2022 del Juzgado Decimoséptimo de Distrito y 918/2022 Juzgado Décimo Octavo de Distrito, esto no se ha cumplimentado.
Y su desesperación se deriva porque de su pensión paga servicios, medicamentos, terapia psiquiátrica y la manutención de su madre, y desde el pasado mes de marzo se le viene descontando el 60% del mismo bajo el concepto de “pensión alimenticia” a favor de un agiotista, del que se reservó su nombre “por estar en trámite un proceso legal”.
En el documento, establece que Las retenciones son producto de la sentencia de una Juez local que está violando la garantía de que las pensiones no se deben tocar, más grave es que se miente al respecto, pues yo no tengo ninguna obligación alimenticia con él.
Por tal motivo recurrió a la justicia federal y resolvió a su favor, recibiendo la suspensión provisional, de la que las autoridades administrativas de la Delegación Norte del instituto se niegan a acatarla.
Aunado a ello, refiere, “he recibido tratos déspotas y groseros al solicitar información sobre el desacato al amparo que obtuve, por lo que solicito su apoyo para revisar los motivos de esta violación a mis derechos humanos y económicos, dejando abierta la posibilidad de que se trate de un error administrativo y no de un acto de mala fe”.
Por tal motivo, apeló a la sensibilidad y responsabilidad del titular del IMSS para solicitar su intervención inmediata ante el grave daño económico y de salid que le está provocando la determinación de las autoridades locales de la institución.
“Reitero que todos los trámites legales se han llevado a cabo y me pongo a su disposición para volver a entregar la documentación necesaria para proceder a la suspensión de los descuentos que me afectan económicamente y a mi salud”, señala por último la afectada.

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