POR NEFTALI URBINA DÍAZ.

*MÉXICO TIENE QUE SER UN ESTADO MILITARISTA Y DE BIENESTAR A BASE DE DERROCHAR FONDOS PÚBLICOS.

Al final del día, la línea es vertical, no horizontal y lo peor del caso, es que viene de arriba abajo: “no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley”, y de pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de proyectos presentados por los magistrados Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández, dice que va a eliminar la prisión preventiva oficiosa y nuestro presidente de la República ¡Pone el grito en el cielo! ¿Por qué eliminar una medida que permite meter a la cárcel a nuestros enemigos políticos? ¿Por qué se le quieren interponer en el camino al presidente de la República? ¡Al emperador de México! Aunque queremos que lo anterior sean sólo líneas de ficción, la realidad en México, en el sentido de procuración de justicia, podría rebasarnos irremediablemente.

De ser aprobado con 8 (OCHO) votos a favor, dicha medida impedirá que esa situación se siga aplicando a los acusados por delitos en todo el país; pero el presidente de México y los gobernadores emanados de Morena, buscan, a toda costa, que se les permita seguir manteniendo en “prisión preventiva” a quienes, de acuerdo al juicio del gobernante: municipal, estatal o federal, se opongan al avance de la cuarta transformación en el país, así de simple. No importa que se violen los derechos humanos, no importa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a México por la aplicación y mucho menos importa, si con la aplicación de “dicha medida cautelar”, mantenemos en prisión a nuestros adversarios o enemigos políticos que buscan, a toda costa, desestabilizar una transformación que ya está en marcha.

El proyecto propone anular el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, que prevé un catálogo de 45 modalidades de delitos que ameritan prisión forzosa ¡Vaya, no hemos permitido que se caiga la ley de ultrajes a la autoridad que, ni políticamente se ha caído en Veracruz! Para que los magistrados vengan con el cuento de que: ¡La ley es la ley! Pero el presidente de la República no se preocupa, tienen que ser 8 votos a favor y son 11 magistrados en la Suprema y 4, ya dijeron que van a votar en contra. Y, por si fuera poco, todavía tenemos a un magistrado de más para votar en contra de esa aberración que nos impide, jurídicamente, meter a la cárcel a nuestros adversarios ¡No importa que caiga gente inocente! En la guerra, siempre hay bajas civiles ¡Siempre hay daños colaterales! Lo paradójico, el magistrado que puede votar en contra es también, el principal crítico de la prisión preventiva y ex aliado de Felipe Calderón: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cito una nota de El Universal firmada por Simón Hernández León: “México está en la antesala de una condena internacional con implicaciones estructurales para el sistema de justicia penal y el derecho constitucional. El caso de Daniel García y Reyes Alpízar‚ quienes permanecieron 17 años y medio en prisión preventiva sin una sentencia‚ será analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de agosto y es altamente probable que se ordene eliminar de la Constitución la prisión preventiva de carácter oficioso‚ para que subsista únicamente en una modalidad justificada.” En Veracruz, los casos de José Manuel del Río Virgen y Pasiano Rueda Canseco siguen haciendo ruido, mientras que, el ex secretario de gobierno yunista, Rogelio Franco Castán, sigue en prisión, a pesar de que existe una orden de liberación a su favor y no hay nada que lo condene, es decir, se encuentra en “prisión preventiva oficiosa” y ningún juez ha dictado una sentencia condenatoria en su caso.
¿Qué nos espera si seguimos apoyando a un régimen que basa su popularidad en la dádiva? Las grandes dictaduras latinoamericanas comenzaron así, incluso, comenzaron con una revolución y, al día de hoy, en casi 60 años de dictadura, no vemos avances sustanciales en dichos países. El ataque al clero en Nicaragua y México, preocupa, no sólo a los latinos, sino a otros países que comienzan a ver a México, de una forma diferente ¿Será posible que, en México y en Veracruz, podamos sacudirnos el yugo opresor del absolutismo? «Configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta contra la propia funcionalidad del sistema», explica el proyecto, que sostiene que no se trata de una medida cautelar, sino de una pena anticipada.

Siguiendo con la cita: “No considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, no mira el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar y, no considera los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad. Es una visión parcial, incapaz de mirar al sistema penal de forma integral, anclada a una inercia sobre la operación y funcionamiento de los órganos de procuración e impartición de justicia, que ha quedado superada por la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y la transformación del sistema de justicia penal”

El 17 de agosto, en su conferencia mensual, el Presidente Arturo Zaldívar, crítico acérrimo de la prisión preventiva, adelantó que la Corte estaba por discutir este asunto, que afirmó, podría cambiar la vida de miles de personas y desterrar el paradigma sobre el cual se ha construido la persecución de delitos en el país desde hace décadas. El proyecto para acotar la prisión preventiva lo tiene en sus manos el magistrado Luis María Aguilar Morales. Destaca en el proyecto que 92 mil 595 de las 226 mil 916 personas que estaban en prisión en junio pasado, el 40.8 por ciento, no han sido sentenciadas, así como el incremento de presos a partir de 2019, cuando empezó a crecer el catálogo de delitos de prisión forzosa.

Con ello, el País ha regresado al esquema de delitos graves que funcionaba en la década de los 90, pese a que en 2008 se instauró un sistema penal acusatorio que, en teoría, privilegia la presunción de inocencia y medidas alternativas a la prisión preventiva. «La cifra de personas en prisión preventiva es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas» afirma el magistrado Aguilar Morales.

«Más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias». Los delitos de prisión preventiva forzosa son: Quince conductas relacionadas con robo de hidrocarburos; Cinco modalidades de posesión, portación o acopio de armas prohibidas; Siete acciones en materia de desaparición forzada; Cuatro delitos electorales relacionados con uso de recursos y programas públicos; Cinco modalidades de delitos contra la salud; Delincuencia organizada (régimen legal que incluye 26 delitos distintos); Delitos cometidos por medios violentos como: Secuestro, Trata de personas, Homicidio doloso, Feminicidio, Robo a casa habitación, Abuso sexual a menores, Ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos, Robo a transporte de carga, Enriquecimiento ilícito, Fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, Contrabando por más de 8.7 millones de pesos y Factureo. Las personas recluidas en prisión en Junio de 2018 sumaban: 197 mil 988 y en Junio 2022: 226 mil 916 (14.6% más), ¡Sin tomar en cuenta a “los enemigos” de la 4T.

A como van las cosas en nuestro país y nuestro Estado de Veracruz, Elisur Arteaga Nava de la revista Proceso tiene razón: AMLO “pretende impedir que dé marcha atrás a su 4T, en especial, a la militarización del país y a su concepto de lo que debe ser México: un Estado militarista y de bienestar a base de derrochar los fondos públicos”.