Dolores Martínez Amilpa integrante de la Coalición de Pensionistas del Estado (Copipev) dio a conocer que exigen a la FGE dé a conocer si hay delito que perseguir o no después de 5 años de denuncias presentadas.

En conferencia de prensa realizada en Centro Recreativo Xalapeño dio a conocer  que la reserva técnica tenía, hace 11 años, 2 mil 800 millones de pesos, mientras que al día de hoy tiene mil 600 millones de pesos, por lo que necesita crecer un 43 por ciento.

Aseguró que la reserva ha tenido malos manejos y por eso es que consideran que se debe fincar responsabilidades, tal como lo ha señalado el ORFIS y el propio IPE.

Recordó que el ORFIS señaló un posible daño patrimonial en la cuenta 2015 por un total de 2 mil 900 millones de pesos, además el IPE denunció porque en 2017 encontró un contrato mercantil de un préstamo al Instituto por 150 millones de pesos.

«¿Por qué nosotros denunciamos?, porque ese dinero no ha regresado, por lo tanto nosotros señalamos que hay un delito que perseguir. ¿Por qué el IPE dispuso de la reserva técnica en lugar de cobrarle a sus deudores, porque tenía deudores?», señaló.

Agregó que el IPE ya había señaló un déficit presupuestal de parte de la administración estatal por más de 6 mil millones de pesos, además de que en septiembre de 2016 le debía al Instituto por concepto de cuotas y aportaciones por más de 200 millones de pesos, así como 700 millones del subsidio ordinario.

La presidenta de la Coalición preguntó que ha hecho la Fiscalía General del Estado porque hay evidencias «sobradas» y las han presentado al organismo autónomo de que hay delito que perseguir.

«Nosotros señalamos después de cinco años de haber presentado la denuncia por qué la Fiscalía no se pronuncia en un sentido o en el otro, si hay delito que perseguir y por qué la Fiscalía no conduce la investigación hacia un juez para que pueda impartirse la justicia», cuestionó.

Enfatizó que lo que la Copipev quiere es la reparación del daño, que haya una justicia restaurativa y se puedan sanear las finanzas del IPE.

Indicó que este año recurrieron a un juez de control porque después de cinco años la Fiscalía debe definir si hay o no delito que perseguir, pues ellos sostienen que hay dilación, ya que a lo largo de todo este tiempo la carpeta de investigación ha pasado por seis fiscales, el último nombrado en marzo de este 2021.

«Se demoraron cuatro años para nombrar a peritos contables y esos perritos se demoraron dos años en tener un dictamen y lo que nosotros denunciamos es que en más de cinco años y todavía desconocemos las líneas de investigación», señaló.

Finalmente dio a conocer que «sabemos cuáles son las líneas de investigación y si las pruebas presentadas son las que guían sus pesquisas, por lo tanto pensamos que ya es tiempo de denunciar si hay o no delito que perseguir porque debemos encauzar la reparación del daño»,