Habitantes de Minatitlán denunciaron al alcalde y regidora de dicho municipio por ayudar a pareja sentimental de ella a adjudicarse terreno invadido y también en contra de los funcionarios de Instituto para Recuperar al Pueblo lo Robado.

Entrevistados en los pasillos de conocido café del centro de Xalapa la abogada Jessica Sagrario Palafox Torres, explicó que luego de varios meses de lucha legal, habitantes del predio «Un paso a la Gloria», perteneciente al municipio de Minatitlán, informaron que presentaron denuncias contra el alcalde Nicolás Álvarez Reyes, la regidora Verónica Burgoa Gutiérrez, la directora de Catastro, Ana Fernanda Jiménez Pereira, entre otros.

Asimismo, contra funcionarios del Instituto para Recuperar al Pueblo lo Robado, que también participaron en ayudar a la pareja sentimental de la Regidora, Javier Soberano Torres, para que se adjudicara el predio en cuestión que mide alrededor de 3 hectáreas.

Dieron a conocer que las denuncias fueron presentadas en junio de 2021 ante la Fiscalía Anticorrupción, quien tendrá que desglosar la carpeta para remitirlos a la Fiscalía General de la República, toda vez que se presume la participación de servidores públicos federales.

Expuso que el predio fue adquirido por Ferrosicables S.A de C.V y su representante legal es el hijo de la pareja sentimental de la Regidora, Javier Adrián Soberano Fitz.

Recordó que si bien los habitantes del predio llegaron a invadir el terreno pantanoso, desde hace 25 años están buscando la regularización del terreno para 375 familias, por lo que es injusto que ahora un particular, abusando de su relación personal haya tenido conocimiento de la supuesta venta del terreno para adjudicárselo.

La Abogada indicó que el terreno adquirido por Ferrosicables, presuntamente lo quieren para construir viviendas y a su vez venderselas a quienes hoy habitan ahí, por esos hechos, los quejosos también presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que esperan que se emita la recomendación respectiva.

Finalmente recordó que en diciembre de 2020 inició el amedrentamiento por parte del personal del Ayuntamiento, así como de la policía estatal para que desalojaran el predio, pero no se llevó a cabo, fue ahí donde tuvieron conocimiento de que el terreno se había vendido a través de una licitación.