Irineo Pérez Melo.- Entre el personal de confianza del Poder Judicial del Estado de Veracruz hay mucha inconformidad por la decisión tomada por la titular de esta instancia gubernamental magistrada Isabel Inés Romero Cruz de hacer obligatorio la aportación a la Cruz Roja.

A través de un comunicado signado por la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, la medida asumida es en respuesta al oficio número CGCNM/019/2021, remitido por el coordinador del DIF Estatal de Colecta Gubernamental-Escolar de Cruz Roja Mexicana.

En dicho comunicado se destaca que es “…a fin de realizar una aportación para que dicha entidad continué prestando los servicios de asistencia humanitaria a la población más vulnerable de nuestro estado de Veracruz…”

En el mismo, se establece que se procederá a “aplicar descuentos vías nómina al personal de confianza en la compensación del día 30 de junio de 2021 (…) a fin de cumplir con el objeto monetario solicitado por la Cruz Roja como aportación del Poder Judicial del Estado de Veracruz”.

La inconformidad del personal de confianza estriba en que algunos de ellos, de manera voluntaria, ya han realizado algunas aportaciones a la institución de asistencia social y l molestia se acrecienta porque ésta no debe ser obligatoria, desconociéndose el monto que se les aplicará, pues no se ha señalado la cantidad que se les descontará en el plazo señalado.

Ante esta situación, pidieron a la titular del Poder Judicial del Estado, clarifique esto para evitar malos entendidos entre los trabajadores de confianza que se encuentran laborando en esta institución, sobre todo porque muchos ya tienen comprometidos sus salarios para hacer frente a sus más ingentes necesidades y un descuento oneroso, les provocaría incumplir con los pagos que tienen que hacer a sus acreedores.

Finalmente, los entrevistados que pidieron el anonimato por temor a las represalias, apelaron a la buena disposición de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, de aplicarse dicho descuento, sea un porcentaje acorde al salario que perciben y no lesione más su desgastada economía familiar.

Irineo Pérez Melo.- Entre el personal de confianza del Poder Judicial del Estado de Veracruz hay mucha inconformidad por la decisión tomada por la titular de esta instancia gubernamental magistrada Isabel Inés Romero Cruz de hacer obligatorio la aportación a la Cruz Roja.

A través de un comunicado signado por la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, la medida asumida es en respuesta al oficio número CGCNM/019/2021, remitido por el coordinador del DIF Estatal de Colecta Gubernamental-Escolar de Cruz Roja Mexicana.

En dicho comunicado se destaca que es “…a fin de realizar una aportación para que dicha entidad continué prestando los servicios de asistencia humanitaria a la población más vulnerable de nuestro estado de Veracruz…”

En el mismo, se establece que se procederá a “aplicar descuentos vías nómina al personal de confianza en la compensación del día 30 de junio de 2021 (…) a fin de cumplir con el objeto monetario solicitado por la Cruz Roja como aportación del Poder Judicial del Estado de Veracruz”.

La inconformidad del personal de confianza estriba en que algunos de ellos, de manera voluntaria, ya han realizado algunas aportaciones a la institución de asistencia social y l molestia se acrecienta porque ésta no debe ser obligatoria, desconociéndose el monto que se les aplicará, pues no se ha señalado la cantidad que se les descontará en el plazo señalado.

Ante esta situación, pidieron a la titular del Poder Judicial del Estado, clarifique esto para evitar malos entendidos entre los trabajadores de confianza que se encuentran laborando en esta institución, sobre todo porque muchos ya tienen comprometidos sus salarios para hacer frente a sus más ingentes necesidades y un descuento oneroso, les provocaría incumplir con los pagos que tienen que hacer a sus acreedores.

Finalmente, los entrevistados que pidieron el anonimato por temor a las represalias, apelaron a la buena disposición de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, de aplicarse dicho descuento, sea un porcentaje acorde al salario que perciben y no lesione más su desgastada economía familiar.