Xalapa, Ver.; a 11 de agosto 2020.- El Partido del Trabajo (PT) lamenta profundamente la muerte de más de 50 mil mexicanos a causa de la pandemia por Covid-19 y expresa su solidaridad con todas las familias que han sido víctimas de este virus. Aludimos a lo expresado por el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, quien señaló que, “ante las altas cifras de defunciones en nuestro país, es imprescindible replantear la actuación tanto de la ciudadanía como del gobierno mexicano a efecto de hacer frente a la pandemia”. “La contención de contagios es una corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno, es necesario replantear las estrategias para contener y evitar la propagación del virus en tanto no exista una vacuna”. “El esfuerzo es conjunto, para hacer frente a esta crisis y así garantizar el equilibrio entre las medidas sanitarias y la reactivación económica del país”.

En otro contexto; el PT manifiesta enérgicamente que no acepta calumnias de nadie, mucho menos de un partido aliado que llevó a Andrés Manuel López Orador (AMLO) a la presidencia de la República. Por tal razón, lamentamos que el diputado del extinto Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles, difame a la fracción del PT en la Cámara de Diputados Federal afirmando la compra de diputados para que se incorporen a nuestra fracción. «El que afirma está obligado a probar». La Coordinadora Nacional de nuestro Instituto Político y la militancia petista exige presente pruebas de sus imputaciones. A él le recordamos dos cosas: primero, que el PT obtuvo, originalmente, 61 curules, lo que nos da el derecho de presidir la Mesa Directiva de la Cámara. Los diputados que deseen incorporarse a nuestra fracción parlamentaria tendrán las puertas abiertas.

En el ámbito estatal; reconocemos que el Congreso del Estado y el Poder Judicial están demostrando una verdadera separación de poderes. El primero, en ejercicio de sus funciones, nombró a seis nuevos magistrados. El segundo ha declarado que, al menos dos magistrados han ganado sendos amparos para evitar su retiro por edad, lo que tiene como resultado la presunta denuncia en contra del Congreso por desacato judicial. Invitamos al Congreso a que se manifieste al respecto e informe la veracidad de la denuncia y sus motivos, de existir.

Con respecto al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), hacemos un llamado a la concordia y búsqueda de consenso en las resoluciones que emite ya que se ha dado a conocer los desacuerdos existentes entre los Comisionados que integran dicho Instituto; sin embargo, se ignora si trabajan en conjunto o de manera completamente separada. El cabildeo es necesario en todo lugar donde se toman decisiones de manera colegida, si este fue puesto en práctica antes de la sesión del IVAI significa que los criterios de sus integrantes difieren de fondo o que los incorporados al final reclaman parte del “poder” interno: posiciones.

En otro tema, la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz (SEV) tiene que implementar un mecanismo idóneo para evitar el atraso educativo en zonas rurales. En ese plan deben involucrarse todos los cuerpos edilicios de Estado, así como Agentes y Subagentes municipales; Juntas de Mejoras y demás entes públicos para que sumen esfuerzos en favor de todos los

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. Sólo unidos podremos derrotar la falta de educación que padece nuestro Estado. Cualquier falla tiene que ser señalada y conocida por esas instancias y ser resuelta conjuntamente.

Por último, es lamentable lo que está sucediendo al interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario pues ni en los peores tiempos de gobiernos pasados se había visto que los propios empleados denuncien el cobro económico por parte de funcionarios para respetarles sus empleos o cambiarlos a zonas más atractivas; estos no tienen ningún compromiso con la cuarta transformación (4T) ni mucho menos con ética y moral para estar en este gobierno que encabeza Cuitláhuac García.

La sociedad desprecia a ese tipo de trepadores y rémoras que solo buscan provechos personales para enriquecerse. Por tal motivo, exigimos que la Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) investiguen a los funcionarios sobre las conductas señaladas por trabajadores de esa dependencia.