El consejo general del OPLE aprobó el POA con 740 millones de pesos de los cuales 355 son para partidos y 385 para operatividad del órgano electoral

ESTATAL

El consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, donde el Programa Operativo Anual (POA), tiene contemplado un gasto de 740 millones de pesos de los cuales 355 millones son para prerrogativas de los partidos políticos y asociaciones políticas y 385 millones son para la operatividad el órgano electoral.
Durante la sesión extraordinaria del consejo general dieron a conocer que de los 385 millones de pesos se destinarán para la operación del órgano electoral, 70 millones de pesos serían para los trabajos de preparación de los comicios del año 2021.
Al momento de defender el proyecto de la comisión que Administración y Presupuesto, Quintín Dovarganes Escandón, aseguró que los pesos se transforman en democracia, y pidió valorar el presupuesto para el órgano electoral en base a lo que se aporta a Veracruz.
Afirmó que la organización de las últimas elecciones se ha dado en paz y ha fortalecido la democracia del Estado, lo que no sería posible sin contar con un “órgano autónomo” como el propio OPLE.
El consejero afirmó que en la actualidad se ejercen 17 centavos por cada 100 pesos del presupuesto estatal; aclaró que el proyecto del año entrante se basó en la nueva Ley de Austeridad.
Por lo anterior, pidió a los diputados que sean sensibles ante la necesidad económica del organismo, que refleja la exigencia de la sociedad de consolidar la democracia, “no es un gasto”.
Por concepto de servicios personales se ejercerán 236 millones de pesos, para materiales y suministros se gastarían 12 millones 169 mil pesos; servicios generales 102 millones 845 mil pesos; bienes muebles e inmuebles 7 millones 982 mil pesos; e inversión pública 22 millones 644 mil pesos. El gasto total sería de 385 millones de pesos.
El representante de Morena, Gabriel Obando, afirmó que el proyecto es caro y no lo iba a apoyar, pues la simple organización de dos eventos tiene un costo de dos millones; y se propone la compra de un software por más de cinco millones de pesos, lo que va en contra de la ley de austeridad.
Por lo anterior, amagó con acudir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que se finquen responsabilidades administrativas y se presenten las denuncias penales.
El resto de los representantes de los partidos políticos, PAN, PRI, Verde Ecologista, PRD, defendieron el proyecto del OPLE, que incluye su salario, al argumentar que Morena, busca abaratar la democracia.
En respuesta, cuestionaron el alto costo del grito de independencia del Gobierno estatal, del festival de salsa; la compra de patrullas a empresas foráneas; y el gasto innecesario en la promoción del libro del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, recordó que los candados que se imponen como parte de la organización de las elecciones, se atribuyen a la desconfianza entre los actores y participantes de los comicios.
Los legisladores locales tienen pendiente la reforma para reducir las prerrogativas a los partidos políticos, que implican la mitad de lo que se programó para el año próximo; el homologar las elecciones municipales con las diputaciones, para evitar la duplicidad en la organización de los comicios.
Todos los asistentes a la sesión cuestionaron al representante de Morena, Gabriel Obando, quien ofreció ser el intermediario con los funcionarios estatales para ir a defender el Proyecto de Presupuesto, cuando este sólo se puede modificar por los legisladores locales.
Finalmente, el consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, recordó que es su derecho, como órgano autónomo, presentar su proyecto presupuestal, y destacó que siempre lo han recortado desde la Sefiplan, a pesar de no tener atribuciones.
De lo programado para el 2020, 124 millones de pesos se entregarán por concepto de prerrogativas al partido Morena, lo que representa el 38 por ciento de los fondos para financiar a los institutos políticos, y el 17 por ciento del total de los gastos programados.

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