Irineo Pérez Melo

Trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de San Andrés Tuxtla iniciaron este lunes un paro de brazos caídos por tiempo indefinido al no llegar a ningún acuerdo satisfactorio en torno al adeudo de salarios y prestaciones, así como de las violaciones del contrato colectivo de trabajo en que ha incurrido la dirección de esta institución.

Lorenzo Morales Benítez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de San Andrés Tuxtla-FATEV-CAT, dijo que la decisión se tomó en la asamblea efectuada el pasado domingo, en donde los 137 agremiados acordaron tomar estas medidas para presionar a las autoridades del instituto a resolverles sus demandas laborales.

Y es que el Tecnológico de San András Tuxtla mantiene una deuda con el Instituto de Pensiones del Estado por un monto de 85 millones de pesos, monto que incluye los descuentos que desde hace aproximadamente 5 años se han hecho a los sindicalizados y que no los ha dispersado hacia las arcas del IPE.

Además, se ha incurrido en violaciones al contrato colectivo de trabajo, al no cubrir salarios y prestaciones económicos por un monto de 10 millones de pesos, sin que haya voluntad por parte del ingeniero Jorge Antonio Velarde Inclán, director del Tecnológico por resolver estos problema que día con día se agravan.

Entrevistado vía telefónica, el dirigente sindical reveló que el pasado 19 de septiembre del año en curso se tuvo una audiencia en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) para llegar a un arreglo, sin embargo, al no estar el instituto en condiciones de cubrir los adeudos salariales y prestacionales, no se pudo resolver el problema.

Ante ello, se inició el paro de brazos caídos para exigir al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a través de  las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), lo que por derecho les corresponde.

Con la medida adoptada, resultan afectados 2 mil 600 alumnos que cursas sus estudios profesionales en la institución, quienes ven un futuro incierto al no haber la capacidad económica de la institución para atender las demandas de los sindicalizados.

Cabe señalar que el Instituto de Pensiones del Estado, encabezada por Daniela Guadalupe Griego Ceballos, ya interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por incumplimiento de un deber legal, fraude y malversación de recursos públicos entre otros y también, se interpuso también una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para garantizar el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores sindicalizados.