Ciudad de México, junio 4 de 2019.— El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) tres denuncias penales en contra del gobierno anterior, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, por la presunta comisión de diversos delitos que en suma ascienden a casi 38 mil millones de pesos en agravio de la hacienda pública del estado.

De acuerdo con el auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ese organismo documentó —mediante distintas auditorías practicadas— indebidos manejos financieros en la cuenta pública de 2017.

La causa de la primera denuncia se registró en el proceso de adquisición e instalación de las seis mil 476 cámaras del sistema estatal de videovigilancia, por el que el gobierno anterior pagó mil 116 millones de pesos a la empresa COMTELSAT SA de CV.

Luego de la revisión ordenada por el Congreso de Veracruz, el ente fiscalizador determinó que el proyecto y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado “no cumple en absoluto” con el objeto del contrato.

Otra de las denuncias presentadas fue por las afectaciones contables derivadas del ocultamiento de registro y soporte de 27 mil 455 millones de pesos operados en 2017 en la cuenta de activo del Gobierno de Veracruz.

Además, la querella refiere que el gobierno de Yunes no provisionó ni registró el soporte documental que justifique la disminución de 18 mil 650 millones de pesos de esa cuenta.

De tal suerte que, “las afectaciones contables señaladas impactan directamente en la revelación de la información financiera de Cuenta Pública Consolidada 2017 del Poder Ejecutivo”.

La tercera denuncia que presentó el ORFIS ante la FGR fue por observaciones derivadas de la Fiscalización en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública de 2017.

A ese respecto, se detectó la reclasificación a cuentas del orden de los importes de fondos de reserva y fideicomisos por 8 mil 869 millones de pesos “por saldos presentados en la balanza de comprobación que no eran reales”.

Portilla Vázquez refirió que después de las denuncias, el Ministerio Público Federal tiene la responsabilidad de investigar el destino de los recursos de los veracruzanos que fueron indebidamente utilizados por el gobierno anterior.