Punto de Vista
* Helicópteros: ¿necesidad, no lujo?
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En los dos años que lleva al frente de la administración estatal, Rocío Nahle ha mostrado algunas actitudes recurrentes. Una de ellas: cuando se presenta una situación que le pudiera generar conflicto, su primera reacción es “escurrir el bulto”. *** ¿Muere un diputado veracruzano en extrañas circunstancias?, que se haga cargo la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Emboscan y asesinan a dos dirigentes indígenas del PRI en la sierra de Zongolica?, que se haga cargo la FGR. *** Este lunes la gobernadora informó que solicitó la intervención de autoridades federales para esclarecer el asesinato de la regidora de Texhuacan, Juana Tzanahua Hernández, y de su esposo, Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI, ocurrido el pasado sábado en la sierra de Zongolica. *** Con la pose protagonista que suele utilizar en estos casos, Rocío Nahle narró ante los reporteros que en cuanto supo del ataque se comunicó con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública para informar lo sucedido y que, como resultado de esa plática se acordó la coordinación entre la FGR y la Fiscalía de Veracruz. *** Sin titubear, la gobernadora aseguró que darán con los responsables del crimen y que su administración mantendrá el seguimiento de las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos. “Vamos a dar con los responsables. Vamos a dar (con ellos) como en todos los casos. Todas las carpetas que se abren, nosotros a todas les damos seguimiento”. *** Rocío Nahle externó su pesar por la muerte de estas personas: “Es lamentable el atentado que sufrió este matrimonio. Inmediatamente la Fiscalía del Estado se apersonó en el lugar. Hay una tercera persona herida que iba con ellos”, dijo. *** El ataque se dio a pocos días de que se declaró iniciado el proceso electoral para renovar el Congreso de Veracruz y tanto el PRI como Movimiento Ciudadano (MC) salieron a exigir que se aclare este atentado y que se garanticen condiciones de seguridad en torno a las próximas elecciones.
* * *
Era la segunda mitad de la década de los ’80, estaba en ese entonces a cargo de la jefatura de información en el Canal 4+ de Veracruz y la historia me llegó “de rebote”.
Por aquellos años era intensa la protesta de organizaciones de la sociedad civil contra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde y, sin embargo, se cumplían con rigor los protocolos de prevención ante un eventual accidente en esas instalaciones.
La televisora estatal formaba parte de una estrategia diseñada para actuar frente a alguna contingencia, pues nos tocaba reaccionar de forma inmediata e informar a la población sobre las medidas que deberían tomar.
En mi carácter de Jefe de Información me tocó esa responsabilidad y tuve contacto con toda la estructura del PERE (Plan de Emergencia Radiológica Externo) y me enteré de un caso singular.
El responsable de dicho Plan tenía a su cargo el manejo del presupuesto y entre los elementos que se le proporcionaban se incluía una camioneta de gran cilindraje, con tracción en las 4 ruedas, con la finalidad de que pudiera transitar por las complicadas rutas de evacuación que el PERE tenía consideradas.
Como titular de esa unidad, el funcionario sintió que el vehículo que le estaban asignando resultaba “muy incómodo” y al momento de hacer la adquisición le pidió a la agencia automotriz que, sin plasmarlo en la factura, modificara algunas especificaciones, de manera que, en lugar de un vehículo preparado para hacer frente a una contingencia nuclear y capaz de atravesar terrenos escarpados, se hizo de un vehículo de lujo, con todas las comodidades para pasear con la familia.
Al final ese funcionario cumplió su ciclo al frente del PERE sin contratiempos, pues no se presentó ninguna contingencia y sólo se realizaron simulacros que no exigieron el uso rudo que podría enfrentar ese vehículo.
¿A qué viene todo este cuento?
La anécdota vino a mi memoria cuando escuché hablar a la gobernadora Rocío Nahle de la adquisición de aeronaves que “cumplirán funciones de traslado, seguridad ciudadana y combate a incendios forestales”.
Para nadie es un secreto que la gobernadora decidió mantener como su domicilio la residencia que “renta” en el exclusivo fraccionamiento El Dorado, en la frontera de los municipios de Alvarado y Boca del Río. Si no es muy necesario, evita viajar a Xalapa y cuando lo hace -debido a las deplorables condiciones de los helicópteros que se encontró al asumir el cargo- prefiere trasladarse por tierra, lo que le considera, además de incómodo, una pérdida de tiempo.
A eso se estaría refiriendo cuando dijo que una de las tareas de las nuevas aeronaves sería la de realizar “traslados”, esencialmente los de ella, de la lujosa residencia que “renta”, al renovado palacio desde donde gobierna… y de regreso.
Y ella misma lo aclaró, para que no quedaran dudas: Una vez adquiridas, las aeronaves quedan bajo la supervisión de la Dirección de Aeronáutica, un área adscrita a la oficina de la gobernadora.
Sólo faltó que utilizara el mismo argumento que su colega, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta: “Cuando voy de un lugar a otro y no me da tiempo, pues uso el helicóptero, para eso es”.
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Epílogo.
La exregidora de Tierra Blanca, Gloria Priscila Carrera Illescas envió a diversos medios de comunicación una carta en la que confirma que recuperó su libertad, luego que un juez declaró su detención como “ilegal”. *** La actual funcionaria del ayuntamiento de Tres Valles denunció que fue víctima de una detención “fuera de la ley” el pasado 6 de noviembre, cuando “elementos policiacos (…) irrumpieron en el domicilio donde yo me encontraba, sin que tuvieran una orden girada por un juez contra mi persona”. *** En su escrito aclara que no hará referencia a los hechos que le imputaban, pues no quiere ser revictimizada y asegura que la detención le genero agravios como el escarnio público y mentiras que dañaron su honor. *** En su “derecho de réplica”, Gloria Priscila Carrera no explica de quién era la residencia que fue allanada, ni da razón sobre lo sucedido con los otros detenidos. En el mejor de los casos, todo pareciera indicar que ella se encontraba en el lugar y momento menos favorable y que, en cumplimiento de su deber, los elementos de seguridad la trasladaron a ella, junto a todos los que estaban presente en esa residencia, a que declararan ante un juez y se determinara su situación jurídica. *** ¡Qué bueno que pudo recuperar su libertad!
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