-Dante Delgado señala presiones a ediles, revela aportaciones a Javier May en 2012 y acusa siembra de pruebas en ayuntamientos, mientras las fiscalías defienden la legalidad de los procesos penales.

LIVIA DÍAZ

VERACRUZ, Ver. — La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) hizo pública una serie de denuncias por presunta persecución política y uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. De acuerdo con el fundador y dirigente de la fuerza política, Dante Delgado Rannauro, los gobiernos estatales han incurrido en el sometimiento de fiscalías locales, la imposición de magistrados en tribunales y la fabricación de expedientes penales con el propósito de frenar el avance electoral de la oposición frente al desgaste de la gestión oficialista.

En el caso de Veracruz, Delgado Rannauro afirmó durante una entrevista en el programa Telereportaje que la administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García ha ejercido un estilo de gobierno caracterizado por la intimidación a autoridades municipales de oposición, asegurando que su gestión ha resultado más autoritaria que la de su antecesor Cuitláhuac García Jiménez. El dirigente citó como ejemplo la presión judicial ejercida contra el alcalde del municipio de Las Choapas, Jesús Uribe, con la finalidad de forzar su incorporación a las filas de Morena. Asimismo, Delgado reveló que durante la contienda electoral de 2012, el partido entregó directamente recursos económicos a Javier May, actual gobernador de Tabasco, cuando este se desempeñaba como representante electoral en territorio veracruzano, sosteniendo que cuenta con los elementos de prueba necesarios para respaldar dicha afirmación.

Por lo que respecta al estado de Tabasco, la dirigencia de Movimiento Ciudadano documentó acciones judiciales y operativos policiales en los municipios de Paraíso y Emiliano Zapata. En Paraíso, el presidente municipal Alfonso Baca Sevilla confirmó la existencia de la carpeta de investigación FEDTABVHS/00749/2026 iniciada por la Fiscalía General de la República en el marco del denominado Operativo Enjambre. El expediente contempla seis señalamientos que incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como ilícitos vinculados con la posesión de hidrocarburos y narcóticos. Tanto el munícipe como la dirigencia emecista calificaron el procedimiento de persecución política apoyada en irregularidades durante los cateos, al tiempo que Delgado denounced maniobras institucionales orientadas a inhabilitar al alcalde sustituto, Edison García Wilson, para impedir su toma de protesta constitucional.

De forma paralela, en el municipio de Emiliano Zapata, elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca ejecutaron un operativo en horas de la madrugada que derivó en la aprehensión del director de Seguridad Pública Municipal, Cleofas N, imputándole cargos por narcomenudeo, cohecho, amenazas y secuestro. El alcalde José Armín Marín Saury y la dirigencia nacional denunciaron que las fuerzas de seguridad irrumpieron en instalaciones municipales, destruyeron cámaras de videovigilancia y sembraron sustancias ilícitas en una cangurera para incriminar al jefe policial y desestabilizar la administración local. Ante la contingencia en la corporación, las autoridades locales designaron como nuevo titular a Luis Fernando Cruz Azañón.

En cuanto al estado de Campeche, la polémica judicial involucra al exalcalde de la capital y excandidato a la gubernatura, Eliseo Fernández Montúfar. El fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, ratificó la vigencia de órdenes de aprehensión libradas en su contra por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivando en la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la posterior revocación de su candidatura al Senado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En contraste, Fernández Montúfar y la representación legal del partido presentaron cuatro resoluciones emitidas por jueces federales de distrito que ordenan el cese de los mandamientos judiciales y del acoso estatal, argumentando la invalidez de las acusaciones al no existir una sentencia firme en su contra.

Ante la acumulación de expedientes, Dante Delgado advirtió sobre la realización de movilizaciones sociales y la presentación de una iniciativa legislativa en el Congreso de la Unión para restringir la injerencia del Poder Ejecutivo en las fiscalías estatales. Por su parte, los ejecutivos estatales y las dependencias de procuración de justicia de Veracruz, Tabasco y Campeche rechazaron las acusaciones de intromisión política, sosteniendo que las investigaciones en curso se apegan estrictamente al debido proceso constitucional y responden al combate de conductas delictivas en el servicio público.

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