* Al asalto del Poder Judicial

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

En este mismo espacio se había advertido, desde la captura de Iván Cazarín, alias “El Tanque”, que su presencia y operación en territorio veracruzano iba a provocar que más de un político o servidor público perdiera el sueño. *** Pocas semanas después de ese exitoso operativo realizado en Zapopan, Jalisco, las fuerzas federales se anotaron otro golpe, ahora en Tuxtepec, Oaxaca, donde cayó “El Sema”, Carlos César Cruz Muñoz, quien de manera natural había quedado quedad a cargo de “la plaza”, luego de la caída de “El Tanque”. *** A las pocas horas de que fue capturado Iván Cazarín, un periodista especializado en temas de la delincuencia organizada afirmó que las operaciones ilícitas de ese personaje en el sureste mexicano estaban vinculadas a José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. *** Por supuesto que la versión fue desmentida, pero la duda quedó ahí. Este fin de semana, el periodista Raymundo Riva Palacio, en su colaboración para El Financiero, dio más detalles sobre los personajes vinculados a Veracruz que habrían actuado en ese entramado criminal. *** “En todo este entramado hay algo que probablemente desconoce la presidenta: Cazarín es el camino para llegar a José Alfredo Pérez Astorga, un personaje que está fuera del radar de muchos y que es fundamental para ver la gran fotografía de las presuntas redes y complicidades criminales en el sur del país”, apunta el periodista. *** “Pérez Astorga fue el administrador central de Fiscalización del SAT y respondía a Rosalinda López Hernández –que falleció de enfermedad en 2024–, hermana del senador Adán Augusto López Hernández. Como intermediario de la familia, trabajaba con Melchor López Hernández, quien, como su hermano Adán Augusto, tiene una notaría”, agrega. *** Y da más detalles: “López Astorga (en realidad es Pérez, no López) era el brazo derecho de Rosalinda, y se volvió en el cancerbero de las redes de protección tendidas por los hermanos López Hernández y la familia de López Obrador. Pero al mismo tiempo, se involucró en todos los temas relacionados con las industrias del tequila y el tabaco, así como con lo que tuviera que ver con las escrituras de las empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación que, a través de ‘El Tanque’, estableció la relación con varias de las figuras del Grupo Tabasco, e indirectamente los López Beltrán”. *** Y explica el vínculo de José Alfredo Pérez Astorga con Veracruz: “Regresó a su natal Veracruz, y según una fuente, colabora con la gobernadora Rocío Nahle, que nombró a su hermano Ernesto secretario de Desarrollo Económico y Portuario estatal. Desde ese estado, ‘El Tanque’ operaba todo el sur del país, como responsable regional de las actividades criminales desde Veracruz hasta Chiapas (…) La salida de López (Pérez) Astorga de los asuntos en Jalisco y la persecución nacional del Cártel Jalisco Nueva Generación afectó las operaciones criminales en el sur del país, donde finalmente las autoridades federales pudieron capturar a ‘El Tanque’, que controlaba la extorsión, el tráfico de drogas, secuestros, lavado de dinero y robo de hidrocarburos”. *** Riva Palacio remata sugiriendo que Pepe Pérez Astorga, el hermano del titular de la Sedecop en Veracruz, podría ser un objetivo de especial interés para el gobierno de Estados Unidos. *** “Si bien ‘El Tanque’ es una pieza muy relevante en el entramado criminal y puede describir sus nexos con los políticos, López (Pérez) Astorga es todavía más importante en esta red del obradorismo en el triángulo dorado del sur del país –Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde se encuentran los intereses económicos del expresidente–, porque puede mostrar el diseño criminal no desde la óptica del crimen organizado, sino desde la perspectiva de la clase gobernante que se convirtió en parte orgánica del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sólo hay un problema. López (Pérez) Astorga se mueve con discreción y está por debajo del radar del gabinete de seguridad. Hay pocas denuncias públicas en su contra; sólo periodísticas. Es un fantasma en toda esta red, razón por la cual les ha sido tan funcional a lo largo de los años”.

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Unos días antes de que asumiera la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) me entrevisté con la magistrada Rosalba Hernández. El encuentro lo busqué yo, pues había un tema que le intrigaba: antes de que ella asumiera el cargo ya se habían conformado dos organismos fundamentales para el óptimo desempeño del Poder Judicial: el Órgano de Administración de Justicia (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Su conformación se dio cuando aún presidía el Poder Judicial la magistrada Aurelia Jiménez Aguirre, quien había fallado en su pretensión de mantenerse al frente del TSJ, toda vez que en la elección judicial Rosalba Hernández consiguió más votos.

Desde que fueron conformados los órganos de disciplina y de administración quedó claro que Aurelia Jiménez había operado para que los integraran magistrados “de su equipo”, a los que los unía un solo factor: no tenían manera de “negociar” con la futura magistrada presidente las resoluciones que a ellos les interesaran.

Cuando cuestioné a Rosalba Hernández sobre la incongruencia de que dichos órganos fueran creados antes de que ella asumiera el cargo, me mostró cuál sería su postura al frente del Poder Judicial: de respeto a la institución y evitando confrontaciones que entorpecieran la labor de administrar justicia.

Me explicó que, al menos en el caso del órgano de administración, se requería que ya estuviera funcionando, incluso antes de que se diera el cambio de mandos, porque eso permitía que los trámites financieros fluyeran sin interrupciones.

Pasado el tiempo se hizo evidente que las titulares de esos dos órganos autónomos: Alma Rosa Flores Ceballos (Administración) y Paulina Elizabeth Ahumada Santana (Disciplina) generaban un bloque encargado de limitar la capacidad de operación de la titular del TSJ, Rosalba Hernández.

Lisbeth Aurelia Jiménez se había vendido muy bien con la gobernadora Rocío Nahle y le había prometido control total del Poder Judicial, por lo que, al ser derrotada en las urnas, recibió como premio de consolación su paso a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y desde allá sigue influyendo en las decisiones del Poder Judicial del Estado. No consigue manipular las decisiones del Pleno del Tribunal, que encabeza Rosalba Hernández, pero presiona a jueces y magistrados por la vía del Órgano de Disciplina Judicial.

Pero ella quiere más… lo quiere todo.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, promovió un recurso de nulidad e invalidez del procedimiento de evaluación de su desempeño, iniciado por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Con esa medida, la titular del Poder Judicial estatal pretende dejar sin efecto el proceso, al considerar que los criterios de evaluación no corresponden a las funciones que ella desempeña como Presidenta del Tribunal.

Rosalba Hernández argumenta que, debido a que ocupa la Presidencia, no integra una sala y sus labores se concentran en tareas de dirección y representación, por lo que cuestiona la aplicación de los parámetros utilizados para evaluar a magistrados que participan directamente en la resolución de juicios.

Valga mencionar que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que el Tribunal de Disciplina es un órgano con independencia

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, que tiene por objeto la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas “de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial”, lo que no sucede en el caso de la magistrada presidente.

Lo explicó de manera más clara el abogado penalista Tomás Mundo:

“Pretenden aplicar esa maniobra de hacerle un examen y reprobarla, para decirle a los veracruzanos que no es apta para ese cargo (…) después de eso, poner ellos a alguien a modo y entonces sí, tener el control total del Poder Judicial”.

La ambición de poder no tiene límites. La gobernadora no ha entendido que está creando un monstruo que más adelante se volverá contra ella.

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Epílogo.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, entregó en el Recinto Legislativo de San Lázaro la segunda parte de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025. *** Informó que hay más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno. *** Dio a conocer que la ASF abrió una investigación “de oficio” sobre posibles redes de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE). *** Sobre el estado de Veracruz, la ASF da a conocer en este informe que detectó inconsistencias en el manejo de recursos federales destinados a infraestructura y asistencia social. Menciona pagos por 319 mil 126 pesos a 88 beneficiarios que aparecían como fallecidos en los registros oficiales, así como la falta de acreditación del reintegro de más de 1.3 millones de pesos correspondientes a un anticipo para la ejecución de una obra.

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