* La Justicia, por los suelos

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Apenas la semana pasada el Tribunal de Disciplina Judicial anunció que evaluaría el desempeño de los magistrados de Veracruz, entre ellos, a la magistrada presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Luz María López Aburto. *** Pero resulta que la magistrada se acaba de meter en un severo problema, pues es señalada de atacar de manera flagrante derechos fundamentales, como el que tienen todos los trabajadores para formar organizaciones sindicales, afiliarse a ellas o decidir no pertenecer a ninguna, sin sufrir represalias ni interferencias del gobierno o de las empresas, lo que se conoce como “libertad sindical”. *** El Secretario General del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (Sepev) Acdmer Antonio Galicia Campos acusó a la magistrada de desconocer una elección que se llevó a cabo con estricto apego a la convocatoria del sindicato y que desahogó los puntos señalados en el orden del día. *** Se confirmó la existencia de quórum y se realizó cumpliendo con la normatividad establecida en los estatutos. Sin embargo, Luz María López Aburto le negó al Comité Ejecutivo Estatal del SEPEV la Toma de Nota para representar al sindicato para el periodo 2026/203, con el pretexto de que el Secretario General es una persona jubilada y que, por tanto, no tiene derecho de ser reconocido al frente de la organización. *** El procedimiento en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estuvo viciado y violentó principios plasmados en la Carta Magna y los tratados internacionales, pues se ejercieron actos de discriminación contra un miembro activo reconocido en los mismos estatutos que rigen la vida de esa organización sindical. *** En su misma resolución, el Tribunal reconoce a su Secretario General como un socio activo, pero distorsiona la norma con artículos que le dan derechos adicionales a los establecidos para votar y ser votado. *** La gravedad de esta determinación estriba en que pone en riesgo no solo al SEPEV, sino a todos los que estén en un procedimiento de elección y que quedarían a merced de la opinión arbitraria del Tribunal laboral. *** De todas estas anomalías ya está informado el Tribunal de Disciplina Judicial y con seguridad la magistrada será reconvenida.

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El miércoles de la semana pasada la organización internacional World Justice Project (WJP) presentó su Índice de Estado de Derecho 2026, donde se da a conocer que México se ubica en el lugar 125 de 143 países, con una calificación de 0.39 sobre uno, por debajo del promedio global que fue de 0.55.

El resultado representa un retroceso de 8.4 por ciento respecto a 2021 y coloca al país entre los que más han deteriorado sus condiciones de Estado de Derecho en los últimos cinco años.

Eso explica en buena manera, lo que sucede con la administración de justicia y el Estado de Derecho en Veracruz.

Desde hace más de dos meses el diputado local Héctor Yunes Landa y el abogado Tomás Mundo Arriasa entregaron a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández una petición formal para que se dé cumplimiento a un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido en la sentencia del 3 de febrero del 2020, en el caso Carranza Alarcón contra Ecuador.

En esa resolución la Corte establece que “la detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción”.

En esa misma sentencia se advierte que el juez “debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad”.

El abogado Tomás Mundo Arriasa participó como ponente en el Congreso de Derecho Penal, en Puebla, presentando la sentencia de la Corte IDH en el caso Daniel García y Reyes Alpízar Ortíz contra el Estado Mexicano, y cómo esa sentencia podría impactar de manera favorable en los ocho mil ciudadanos que están privados de la libertad en cárceles veracruzanas sin que exista una sentencia.

Pues bien: a más de dos meses de distancia, el Poder Judicial de Veracruz no ha hecho nada para revisar si persisten -o no- las condiciones que justificaron la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

En la misma sentencia de la Corte IDH del caso Daniel García y Reyes

Alpízar vs. México se establece que el Estado mexicano debe “concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves, en estricto apego a las garantías del debido proceso”, y “revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares”, obligaciones en las que el Estado ha sido omiso.

El Índice de Estado de derecho 2026 del WJP situó a México, además, en el lugar 28 de 32 entre los países de América Latina y el Caribe, y en el puesto 43 de 44 entre las economías de ingreso mediano alto.

La medición evalúa factores como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, la seguridad, la aplicación de las regulaciones y el funcionamiento de la justicia civil y penal.

La mayor caída de México se registró en el sistema de justicia penal, cuya calificación disminuyó 21.2% entre 2021 y 2026. México obtuvo 0.22 puntos en este rubro y ocupó el lugar 139 de 143 países, uno de sus resultados más desfavorables en la evaluación.

En lo que se refiere al respeto a los derechos fundamentales, la calificación nacional fue de 0.46, una caída de 6.4% frente a 2021. México ocupó el lugar 96 mundial y el 27 regional.

Estamos muy mal en materia de procuración y administración de justicia y nuestras autoridades en ese ámbito (fiscales, jueces, magistrados y ministros) prefieren hacer como que no ven. Lo que sea necesario con tal de conservar “el hueso”.

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Epílogo.

La nueva versión del Partido Cardenista está fortaleciendo sus filas, pues sabe que su “examen de admisión” será la elección de diputados locales el próximo año. *** Su dirigente estatal, Antonio Luna, anunció la incorporación de actores políticos con experiencia y gran capacidad de convocatoria. En la Secretaría General del comité estatal lleva al maestro Alejandro Devaux Zurita, quien además representa en la entidad a la Asociación Política Nacional “Alternativa”. *** Apenas la semana pasada presentó a César Augusto Pérez Morales, quien habrá de coordinar las tareas de “Vida Digna para todos” en el Distrito de Coatepec. Pérez Morales fue una pieza muy importante en la conformación del partido Fuerza por México que en su momento llegó a incorporar a un legislador en el Congreso local. *** Y este fin de semana Antonio Luna entregó el nombramiento de coordinador por el distrito electoral de Xalapa Rural, al abogado Ribay Peralta Varela. Bien.