Víctor Murguía

 

¿Extorsiones de funcionarios?: qué hará la Gobernadora

 

Si no quieren operar, pues no operen…pero no olviden que su evaluación depende de nosotros», así fue la amenaza de quien está en una loca carrera por conseguir ser el peor funcionario que ha tenido Veracruz en toda su historia: Roberto Ramos Alor.

Es probable que el delegado del IMSS Bienestar haya recibido un ultimátum por parte de su jefa, la gobernadora Rocío Nahle, para que bajara el nivel del escándalo por la falta de lo más elemental en el principal hospital estatal de Veracruz, el Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa.

Y lo único que se le ocurrió a Ramos Alor fue citar a los médicos residentes, quienes encabezan a todo el personal inconforme, y preguntarles de entrada «¿qué esperaban?, ¿que trajéramos los paquetes (medicamentos y equipos) y los entregáramos ahorita?», para después lanzar la amenaza antes escrita.

En el CAE, donde faltan hasta gasas, medicamentos elementales y se carece de todo tipo de equipos y materiales, dando por resultados la postergación de unas mil cirugías, ahora ya no tienen ni agua para que los pacientes tomen los pocos medicamentos existentes.

Así las cosas, en tanto este jueves la presidenta Sheinbaum presumía logros exagerados o inexistentes, pues así lo muestra la crisis en hospitales veracruzanos, la noche del miércoles el delegado del IMSS Bienestar amenazaba a los médicos residentes para frenar las protestas que, ante la gravedad de la situación, pasaron de ser un asunto interno en el CAE a protestas públicas y por lo tanto a exhibir el desastre en el Sector Salud desde el gobierno de Cuitláhuac.

Algún día llegará al CAE la parte correspondiente a los mil millones de pesos que -dijo el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued- ordenó disponer la Gobernadora para surtir a los hospitales de lo indispensable, anuncio que, por cierto, exhibió a Ramos Alor en una parte de lo que es, un mentiroso, pues constantemente publicó que había suficientes medicamentos y materiales.

Este caso, que golpea directamente la salud de miles de veracruzanos y los bolsillos de sus familiares, expone al personal médico de los hospitales de alta especialidad y daña gravemente la imagen del gobierno, ha sido pésimamente manejado desde el gobierno. ¿Alguien pagará los platos rotos antes de que la imagen de la gobernadora resulte más dañada?

 

¿HASTA 2 MILLONES DE PESOS MENSUALES EN MOCHES?

Aparece muerto el coordinador de los diputados federales veracruzanos de Morena, Zenyazen Escobar, porque –todo apunta hacia ello, dice la FGR- se “suicidó”; cierra un ingenio y otros están en riesgo; la UPAV continuó siendo saqueada; los principales hospitales están en crisis; no pueden contra los grupos criminales y matan hasta a policías federales; los asaltos a casas en Xalapa están sin freno; hay protestas exigiendo el arreglo de carreteras; un buen número de alcaldes y diputados morenistas están dedicados a no hacer nada y, como si eso no fuera mucho para la gobernadora Rocío Nahle, ahora deberá ver lo relativo a las denuncias de corrupción en áreas clave de su equipo.

Normalmente empresarios, ganaderos, constructores y ciudadanos en general que deben hacer trámites o que por sus actividades profesionales o productivas tienen que obtener permisos o prestan servicios al gobierno, aguantan que les pidan “moches”, pero cuando las exigencias rebasan los límites empiezan las protestas.

¿Cómo estará el asunto con los concesionarios de centros de verificación vehicular en Veracruz que le hicieron llegar una carta de denuncia a la gobernadora Rocío Nahe exponiendo ser víctimas de una red de corrupción por parte de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)?

Esa carta la tendría en su escritorio la Gobernadora, al menos que se haya quedado atorada en la oficialía de partes o en alguna otra oficina cercana al despacho de la mandataria.

Aseguran que, para no tener problemas con trámites para recibir engomados o inspecciones a modo para doblegarlos, deben pagar en promedio 15 mil pesos mensuales, por lo que alguien o algunos están recibiendo alrededor de 2 millones de pesos mensuales de “moches”.

Hubo concesionarios que no quisieron hacer estas aportaciones, les cerraron sus verificentros y ahora –denuncian- deben pagar unos 250 mil pesos para reabrir, además de, claro, aportar su cuota mensual.

Animados porque concesionarios de los centros de verificación tuvieron el valor de hacer llegar esta denuncia a la Gobernadora, otros empresarios empezaron a señalar más acciones de supuesta corrupción en diversas áreas del gobierno de Nahle.

Apuntan que en Transporte Público traen a raya a concesionarios de grúas y exponen que en la Secretaría de Medio Ambiente no se quedan atrás.

Una investigación a esas áreas, ordenada por la Gobernadora, dejaría en claro lo que sucede. Si hay funcionarios corruptos deben ser frenados en seco o el rumbo que tomará el barco será cada vez más en la ruta seguida por el gobierno de Cuitláhuac.