Por Miguel Ángel Cristiani G.

La pregunta obligada, después del comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, es muy sencilla:

¿Van a creer los veracruzanos que se trató de un suicidio?

La respuesta no puede darse por anticipado.

La FGR informó este jueves que las principales líneas de investigación “avanzan, coinciden y apuntan” a que la muerte del legislador habría sido por suicidio.

También señaló que se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de especialistas en medicina, criminalística, balística, genética, toxicología y otras disciplinas.

Es decir, no se trata de una conclusión presentada sin trabajo pericial.

Pero tampoco es, según el propio comunicado, una investigación definitivamente cerrada.

Y ahí está el detalle.

Porque el boletín no ofrece mayores explicaciones sobre los elementos concretos que llevaron a esa hipótesis. No se detallan los resultados de los peritajes, las circunstancias precisas del fallecimiento ni las respuestas a las interrogantes que surgieron desde que el cuerpo del exsecretario de Educación fue localizado a un costado de la carretera.

La Fiscalía asegura que las líneas de investigación coinciden.

Pero la sociedad necesita saber en qué coinciden y por qué.

No basta con enumerar 150 diligencias si no se explica, al menos en lo esencial, qué esclarecieron.

La propia FGR reconoce que las investigaciones continuarán abiertas y que no descarta otros móviles o líneas de investigación.

Entonces, ¿estamos ante una conclusión definitiva o ante la hipótesis principal hasta este momento?

La diferencia no es menor.

Y menos cuando se trata de la muerte de un legislador federal en funciones, exsecretario de Educación y figura política conocida en Veracruz.

Aquí no se trata de alimentar rumores ni de fabricar teorías.

Se trata de algo mucho más elemental: que la autoridad explique con claridad, transparencia y respeto a la familia qué ocurrió.

Si los peritajes sostienen la hipótesis del suicidio, corresponde informar cuáles son sus fundamentos, sin vulnerar la dignidad de los familiares.

Y si existen interrogantes pendientes, también debe reconocerse.

Porque la confianza pública no se construye solamente con comunicados oficiales.

Se construye con explicaciones.

La FGR afirma que ha privilegiado la atención y protección de los familiares y víctimas indirectas. Es una obligación que debe cumplirse, pero también es importante que la sociedad no quede convertida en simple espectadora de una investigación cuyos resultados solamente conoce a través de frases generales.

Por ahora, la Fiscalía ha dado a conocer una hipótesis.

No ha explicado todavía todas las circunstancias que rodearon la muerte.

Y mientras esas respuestas no lleguen, la pregunta seguirá sobre la mesa.

No por desconfianza gratuita.

No por morbo.

Sino porque en un caso de esta naturaleza, la verdad no puede depender únicamente de que la autoridad diga que ya la encontró.