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¿Qué ocurre cuando quienes deberían garantizar la legalidad, la imparcialidad y los derechos de las mujeres son señalados precisamente por prácticas contrarias a esos principios?

El Tribunal Electoral de Veracruz debería ser un espacio de legalidad, independencia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Sin embargo, existen señalamientos que ameritan una investigación seria y exhaustiva sobre presuntas prácticas de acoso laboral, hostigamiento, intimidación y abuso de poder al interior de la institución.

De acuerdo con testimonios y señalamientos que han trascendido, algunas trabajadoras y proyectistas habrían sido objeto de presiones relacionadas con el sentido de los asuntos que tienen bajo su responsabilidad, bajo la amenaza de perder sus empleos o sufrir consecuencias laborales si sus criterios no coinciden con los intereses de quienes ejercen posiciones de poder.

La gravedad aumenta cuando estas acusaciones se vinculan con asuntos electorales de especial sensibilidad política, como los relacionados con procedimientos internos de partidos políticos, la renovación de dirigencias partidistas o la aplicación de sanciones por el incumplimiento de obligaciones en materia de participación política de las mujeres.

¿Puede hablarse de independencia judicial cuando una persona que proyecta una resolución teme perder su empleo si su criterio jurídico no coincide con el de sus superiores?

Y hay una pregunta todavía más delicada:

¿Qué sucede cuando las presiones laborales se convierten en mecanismos de control sobre las mujeres que trabajan dentro de la propia institución encargada de garantizar los derechos político-electorales?

Los señalamientos incluyen también presuntas investigaciones internas utilizadas como mecanismo de intimidación, así como acusaciones de hostigamiento y acoso de naturaleza sexual. De comprobarse alguno de estos hechos, no estaríamos únicamente frente a un conflicto laboral, sino ante conductas que podrían tener consecuencias administrativas, laborales e incluso penales.

Por ello, no basta con guardar silencio. Es indispensable que las autoridades competentes investiguen de manera objetiva, independiente y con perspectiva de género cada una de estas denuncias, garantizando además protección a quienes pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo de represalias.

La integración predominantemente masculina de los espacios de decisión también obliga a formular una reflexión de fondo: ¿qué tan comprometida está una institución con la igualdad sustantiva cuando las mujeres que forman parte de ella denuncian sentirse amenazadas, presionadas o condicionadas en el ejercicio de su trabajo?

No se trata de prejuzgar ni de condenar anticipadamente a ninguna persona. Se trata de algo mucho más elemental: investigar.

Porque si una proyectista puede ser amenazada con perder su empleo por sostener un criterio jurídico; si una trabajadora puede ser objeto de represalias por no obedecer una instrucción; si existen denuncias de hostigamiento sexual; o si se utilizan procedimientos internos para intimidar a quienes cuestionan determinadas decisiones, el problema deja de ser privado y se convierte en un asunto de interés público.

La justicia electoral no puede funcionar mediante “moches”, favores, lealtades personales o presiones sobre quienes tienen la responsabilidad de elaborar proyectos de resolución. La legitimidad de un tribunal depende precisamente de lo contrario: independencia, imparcialidad, profesionalismo y respeto a quienes trabajan en él.

Y quizá la pregunta más incómoda sea también la más necesaria:

¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar que la democracia se conduzca conforme a la ley?

Las denuncias deben investigarse. Las víctimas deben ser escuchadas. Las personas señaladas deben tener derecho de defensa. Y, sobre todo, ningún cargo público debe utilizarse como instrumento para intimidar, condicionar, acosar o someter a quienes ejercen su profesión con independencia.

En una institución electoral, la democracia comienza también puertas adentro.

Si existen pruebas de estas conductas, deben presentarse ante las autoridades competentes. Y si no existen, corresponde a las propias instituciones esclarecer los hechos y despejar cualquier duda. Lo que no puede permitirse es que el silencio sustituya a la investigación.