* Castagné y los bienes de Nahle

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

En este mismo espacio se denunció la trágica muerte del albañil Rafael Rendón, minutos después de haber sido detenido, de forma arbitraria, por elementos de la Policía Municipal de Cosamaloapan. *** La queja de la familia fue atendida por el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien confirmó que este martes se realizó la exhumación del cuerpo de la víctima, luego de la autorización emitida por un juez. *** El pasado 13 de julio, elementos de la Policía Municipal de Cosamaloapan golpeaban a un pastor que se resistía a ser arrestado. Rafael Rendón salía de su domicilio y al ver la escena se acercó para pedirles a los uniformados que lo dejaran de golpear, pero en respuesta también fue atacado por los policías y subido por la fuerza a una camioneta con los distintivos de la corporación. *** Mientras se lo llevaban en la patrulla, donde lo siguieron golpeando, Rafael Rendón entró en una crisis que provocó su muerte. El abogado Tomás Mundo afirmó que con la orden de exhumación se avanzó en el cumplimiento de derechos fundamentales como son la verdad y la justicia. *** Dijo que personal de Servicios Periciales realizará la necropsia y se vigilará que se dé cumplimiento al protocolo de Minnesota, que atiende, precisamente, aquellos casos en los que intervienen elementos policiacos. *** Existe, sin embargo, escepticismo por parte de la familia de Rafael Rendón. Cabe recordar que fue un perito de la Fiscalía de Veracruz (José Eduardo Márquez Nava, sin la especialidad en medicina forense) el que estableció que la maestra Irma Hernández Cruz, secuestrada y torturada por un grupo criminal en Álamo, había fallecido “a causa de un infarto”. *** Y en el sonado caso de la anciana indígena Ernestina Ascensio, atacada y asesinada en febrero del 2007, quedó exhibida la participación del médico legista Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien tampoco contaba con el perfil profesional que se requiere para la realización de un peritaje forense. *** El abogado Tomás Mundo aclaró que, si a la familia no les satisface el resultado de estos análisis, la asesoría legal está preparada para presentar su propio metaperitaje a cargo de un experto en la materia. *** Lo importante es que se llegue a la verdad de los hechos y que, de confirmarse que los policías provocaron la muerte de Rafael Rendón, las autoridades asuman su responsabilidad.

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La propia Interpol explica en su sitio web, cuál es la función de lo que ellos llaman “notificaciones”, pero que acá en México se les conoce como “fichas”:

“Se trata de solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a las policías de los países miembros intercambiar información fundamental sobre delitos (…) La mayoría de las notificaciones son únicamente para uso policial y no se hacen públicas. No obstante, en algunos casos puede publicarse un extracto de la notificación en este sitio web si así lo pide el país solicitante para alertar al público o solicitar la ayuda de los ciudadanos”.

Ahí mismo la Interpol (cuyo nombre real es Organización International de Policía Criminal y cuenta con 196 países miembros) explica las categorías de las notificaciones (“fichas”, dirían en México). En el caso específico de la de color Azul, esta se emite “para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.

Es sólo la “ficha” Roja, la que se emite “para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena”.

Está claro que nada de eso lo domina la ingeniera Rocío Nahle. Alguien le pasó una tarjeta informativa sobre la situación legal del empresario Arturo Castagné Couturier y, para ponerla feliz, sugirieron que la ficha Azul emitida por la Interpol era -casi, casi- como una sentencia judicial.

“De este señor, Castagné, por supuesto es un prófugo; él es prófugo de la justicia; ya tiene en la Interpol una ficha azul. Ya está girada. No sé ni dónde esté, porque además es prófugo, pero no por mí, sino por un tema de su propia familia”.

Como dirían en el argot futbolístico: la gobernadora “le dejó la pelota en el pie” a su Némesis. Este martes, en su cuenta la red social “X”, Arturo Castagné les pidió a los medios de comunicación que “rectifiquen” las declaraciones de Rocío Nahle, quien ayer afirmó que él era un prófugo de la justicia.

“Su valioso apoyo para aclarar y rectificar la información generada por la señora Rocío Nahle (…) Una notificación azul de la Interpol no es una orden de aprehensión, no es una solicitud de detención y, por sí misma, no acredita que una persona sea prófuga de la justicia”.

Y es que, cuando se habla de su patrimonio familiar -como muchas veces lo hizo el propio Castagné- Rocío Nahle suele perder los estribos.

En la misma conferencia de prensa la cuestionaron sobre la nota publicada en medios nacionales, en el sentido de que había “protegido” su declaración patrimonial.

De inmediato lo negó. Dijo que su declaración “es pública y cualquier ciudadano puede acceder a ella”.

Admitió, sin embargo, que se enteró por “algunas voces” de que su declaración no estaba disponible y se comunicó con el Órgano Interno de Control (OIC). Desde esa oficina le explicaron que “por un tema de seguridad” se habría dado “un atraso” en el servidor, pero que ya había sido solucionado el “tema técnico” y la información ya estaba disponible.

Por fin: ¿somos o no somos?

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Epílogo.

La visita, el pasado viernes, del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Xalapa (su tierra natal) resultó bastante fructífera. No sólo tuvo la oportunidad de entrevistarse -en los mejores términos- con la gobernadora Rocío Nahle, sino que, además, visitó a la maestra Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). *** Ese día se llevó a cabo la apertura de las Auditorías Integrales a Recursos Federales, como parte de los trabajos conjuntos (Orfis y ASF) para fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas. *** Mediante la colaboración de ambos organismos, se logró la suma de capacidades técnicas y una más amplia cobertura de fiscalización, evitando duplicidades y haciendo más eficientes los procesos de revisión. Bien. *** El fiscal federal Mauricio Alexandro Rosaldo García, y 3 agentes del Ministerio Público fueron denunciados por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y de abuso de autoridad, tras el aseguramiento, en enero del presente año, de 6 helicópteros, un avión, una aeropista y las instalaciones de una empresa de fumigación. *** “Agrogema Agro”, empresa propietaria de los bienes incautados, presentó recursos jurídicos ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la Fiscalía General de la República (FGR). Los otros señalados por estos abusos fueron Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público Federal y titular de la Célula II-1 de Investigación en Xalapa, y Andrea Jahel González Castillo, fiscal en jefe de la FII-II. *** Los denunciantes señalan que la FGR ha mantenido asegurados sus bienes durante casi 8 meses sin reconocerle a la empresa durante ese periodo el carácter de investigada, imputada, víctima o parte ofendida dentro de la carpeta. *** El abogado Jorge Reyes Peralta informó que la Fiscalía finalmente judicializó la investigación y que el representante de la empresa deberá comparecer en libertad el 4 de noviembre ante un juez de control federal en Emiliano Zapata. La FGR pretende imputarle el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, pero tanto la aeropista como las aeronaves cuentan con documentación para operar y la compañía entregó información sobre los aparatos, sus clientes, estados financieros y mecanismos de cumplimiento normativo. *** La FGR, para variar, primero incauta y después averigua si se cometió algún delito.