La presidenta municipal de Tlalnelhuayocan, Arianna Ángeles Aguirre, informó que las recientes lluvias han provocado afectaciones en carreteras y zonas de riesgo del municipio, por lo que su administración mantiene acciones de atención inmediata y gestiona recursos estatales para atender la infraestructura dañada.

La edil señaló que una de las principales preocupaciones es la comunidad de Potrero del Bordo, donde un socavón amenaza con dejar incomunicados a los habitantes, además de representar un riesgo para las familias de la zona.

Explicó que el proyecto para rehabilitar el acceso ya se encuentra en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), e incluye la construcción de un puente y la estabilización del socavón. Indicó que la obra supera ampliamente la capacidad financiera del municipio, ya que el Ayuntamiento recibe alrededor de 20 millones de pesos anuales para obra pública y el proyecto requiere aproximadamente 18 millones.

Ángeles Aguirre detalló que una familia tuvo que ser desalojada debido a un deslizamiento de tierra que dejó su vivienda al borde de un barranco, por lo que actualmente permanece con familiares mientras se atiende la emergencia.

Asimismo, informó que iniciarán trabajos de rehabilitación en la carretera que comunica de Otilpan hacia la cabecera municipal, la cual, aseguró, fue recibida en malas condiciones por la administración anterior. Los primeros trabajos serán financiados con recursos de una fianza, mientras que el próximo año buscarán destinar un mayor presupuesto para su reconstrucción.

También destacó el avance en la rehabilitación del camino hacia la comunidad de La Fátima-Sedeño, donde se intervienen alrededor de cinco kilómetros con trabajos de revestimiento para mejorar la comunicación de los habitantes.

En materia ambiental, la alcaldesa dio a conocer que avanza la iniciativa para prohibir el uso de agrotóxicos en Veracruz, una medida que consideró fundamental para proteger la salud de la población, los cuerpos de agua y el medio ambiente.

Explicó que el municipio ha trabajado de manera coordinada con dependencias estatales, federales y legisladores para impulsar esta medida, la cual contempla multas, sanciones e incluso penas de cárcel para quienes utilicen agroquímicos prohibidos.

Finalmente, informó que continúa la gestión para reabrir la escuela de la comunidad de Rancho Viejo, aunque reconoció que actualmente no existe la matrícula suficiente para operar una primaria.

Como alternativa, se analiza instalar un telebachillerato en el inmueble, mientras se mantiene el diálogo con la comunidad y las autoridades educativas para definir el mejor uso del plantel.