* El triste final de Roxana

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Las leyes en Veracruz establecen que el servicio de transporte público es aquel que “se presta para satisfacer necesidades colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución”. *** La misma ley advierte que corresponde al Estado proporcionarlo, aunque puede otorgarlo por sí mismo o a través de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el gobernador del Estado. *** También se establece que el servicio de transporte público es “de utilidad pública y garantizará el traslado de personas y bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, debiendo ser general, permanente, regular, continuo, seguro y eficiente, sujeto a la tarifa autorizada”. *** El alegato de los taxistas contra la incursión del llamado “transporte por aplicación” (esto es, Uber, Didi o Idrive) es que esas unidades no cuentan con una concesión por parte del gobierno estatal (instrumento por el que ellos tuvieron que pagar), no están regulados por la autoridad de transporte público y -además- no tributan. *** Este lunes la gobernadora Rocío Nahle anunció que enviará al Congreso una iniciativa para incorporar a la ley estatal el servicio de transporte contratado mediante aplicaciones. *** Dijo que con eso busca establecer reglas de operación, obligaciones fiscales y mecanismos de control sobre las personas que conducen unidades afiliadas a esas empresas. *** “Las plataformas no están en la ley de Veracruz. Están haciendo lo que quieren y eso tiene que cambiar”, argumentó la gobernadora y adelantó que en la propuesta de reforma se buscará privilegiar la seguridad de los usuarios. *** Habrá que ver cómo reaccionan las organizaciones de taxistas.

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No se trata de creer a pie juntillas lo que narra el periodista Héctor de Mauleón en su columna, la que intituló “Roxana, entre el sadismo y la colusión”. Sin embargo, la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, admite que lo ahí plasmado forma parte de la carpeta de investigación y de lo expuesto durante una audiencia judicial.

Se apresura a aclarar la gobernadora, sin embargo, que la información no se filtró desde la fiscalía estatal: “Yo no voy a revictimizar a nadie”.

Y es que, en efecto, lo revelado por Héctor de Mauleón muestra que el hilo conductor de la investigación (que estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República, como la misma gobernadora lo admitió) fue una probable relación de la comunicadora con miembros de una organización criminal.

“El responsable de haber ordenado la privación de la libertad de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuyos restos fueron hallados un mes después de que la privaran de la libertad, fue un sujeto apodado Tommy y/o Shelby. Su nombre es Jesús Chavarría Ramírez y es uno de los líderes de la Mafia Veracruzana, conocida también como Grupo Sombra. Fue él quien ordenó que se reuniera el grupo que debía llevar a cabo la operación”, narra el periodista.

Y apunta el propio de Mauleón:

“La orden fue ir por la periodista, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, así como por uno de sus hermanos, a su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz. Águila (el segundo al mando de la célula, José Simón Castro Cayetano) la acusaba de estar vinculada a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Todo esto puede ser cierto o falso, pero de lo que no hay duda es que está incluido en el expediente del caso.

El periodista narra cómo se habría consumado el ataque a partir de ese 2 de junio:

“Poco antes de las seis de la mañana, ‘Delta 11’ manejó un Nissan Versa color blanco hasta el domicilio de la periodista. ‘El Infierno’ iba como copiloto. ‘Delta 1’ ocupaba el asiento detrás del conductor y a su lado iba ‘Delta 7’. Todos llevaban armas largas y equipo táctico. Todos iban vestidos de negro”.

Cuenta que Roxana Berenice fue conducida a un rancho situado entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, donde los esperaba Karen Monserrat Cortés Morales, alias “La Hiena”, pareja sentimental de José del Carmen Cadena Escayola, “Delta 7”.

“La mujer había estado a cargo de las casas de seguridad del Grupo Sombra, pero luego solicitó a sus jefes que la ascendieran, de modo que la convirtieron en parte del ‘grupo operativo’. Es decir, la convirtieron en sicaria”, se explica en la columna.

“Tommy y/o Shelby interrogó y torturó a la periodista. Cuando el brutal interrogatorio terminó, le ordenó a ‘Flanders’ que la asesinara”, se puede leer en el artículo.

Se atribuye a Javier Iván López Brito, alias “Delta 7”, la versión de que “Flanders” (Rolando Córdova Cayetano) golpeó a Roxana en el cráneo, con un objeto contundente. “La periodista perdió el conocimiento y tal vez murió a consecuencia del golpe”.

“Delta 2”, “Delta 7” y “El Infierno” habrían encendido una hoguera y acercado un tambo de 200 litros donde pretendían calcinar el cadáver. No lograron desaparecer los restos, por lo que los enterraron horas después en otro punto del rancho.

Sobre los elementos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste que fueron detenidos, el artículo de Héctor de Mauleón también explica su participación.

“Entre las órdenes de aprehensión dictadas por la fiscalía del estado, figuran cuatro servidores públicos, tres de los cuales son agentes municipales (policías) de Ixhuatlán del Sureste: trabajaban para el Grupo Sombra y además de apoyo logístico proporcionaban a sus integrantes incluso alimentos. Todos ellos brindaron seguridad a quienes privaron de la libertad y de la vida a la directora de Pulso Informativo del Sureste. Bajo la protección de esas autoridades, el Grupo Sombra perpetró uno de los asesinatos de periodistas más violentos y sádicos”.

Cuando las autoridades estatales les hablen de que Veracruz es “un estado seguro”, cuando les cuenten que aquí “se respeta la libertad de expresión”, cuando escuchen a algún servidor público hablar de que “ha bajado la incidencia delictiva”, recuerden este caso.

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Epílogo.

Decir “no lo sé” es una forma de evadir la responsabilidad. *** Este lunes, durante su conferencia de prensa, a la gobernadora Rocío Nahloe la cuestionaron sobre lo difundido por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que ubica a Veracruz en tercer lugar nacional por robo al transporte de carga. *** Rocío Nahle alegó que no conoce esas cifras, a pesar de que -lo admitió- revisa diariamente los indicadores delictivos en la Mesa de Seguridad. *** “Yo no conozco los números de Canacar, eso que usted dice. Nosotros todos los días en la Mesa de Seguridad revisamos las estadísticas”, alegó Rocío Nahle. La cámara empresarial asegura que en el país se han registrado mil 270 robos de unidades de carga durante el primer semestre del presente año y 15 operadores han sido asesinados. Ese mismo informe coloca a Veracruz sólo por debajo del Estado de México y Puebla en incidencia de robo al autotransporte de carga. *** La gobernadora asegura que existe comunicación con transportistas y que la Canacar tiene “canal directo” con Seguridad Pública para reportar hechos delictivos o solicitar apoyo. *** No debe ser tan buena la coordinación con las autoridades estatales, cuando la gobernadora “desconoce” las cifras de los transportistas.