Por Miguel Ángel Cristiani G.

En Veracruz parece existir una regla no escrita dentro de algunas dependencias públicas: si no se habla del problema, el problema no existe. La estrategia ha funcionado para maquillar estadísticas, ocultar crisis y prolongar la cómoda ilusión de que todo está bajo control. El inconveniente es que la realidad siempre termina entrando por la puerta principal. O, como ahora ocurre en Xalapa, por las ventanas abiertas de las casas.

Vecinos del fraccionamiento Lucas Martín han comenzado a reportar en redes sociales la presencia de ejemplares de la llamada Mosca del Gusano Barrenador. No se trata de un caso aislado ni de una percepción exagerada producto de la alarma colectiva. Son varios los habitantes que afirman haber encontrado dentro de sus viviendas cantidades inusuales de estos insectos, llegando incluso a reportar hasta veinte ejemplares en una sola casa después de una jornada laboral.

Y mientras los ciudadanos documentan, fotografían y alertan, las autoridades hacen lo que mejor saben hacer cuando enfrentan un asunto incómodo: guardar silencio.

Resulta particularmente preocupante porque México ha enfrentado históricamente campañas sanitarias complejas para controlar y erradicar al gusano barrenador. Durante décadas se destinaron recursos millonarios, estrategias de vigilancia epidemiológica y programas de control biológico para evitar que esta plaga afectara al ganado, a los animales domésticos e incluso a los seres humanos.

No estamos hablando de una simple mosca molesta de temporada. El riesgo sanitario asociado al gusano barrenador es ampliamente conocido. Las hembras depositan sus huevecillos en heridas abiertas o lesiones de animales de sangre caliente. Las larvas penetran en los tejidos vivos y provocan infestaciones severas que pueden derivar en infecciones graves e incluso la muerte de los animales afectados si no reciben atención oportuna.

Por eso llama poderosamente la atención la ausencia absoluta de información oficial.

¿Existe monitoreo sanitario en la zona?

¿Las autoridades han realizado verificaciones?

¿La Secretaría de Salud tiene conocimiento de los reportes?

¿La autoridad agropecuaria estatal ha desplegado brigadas de inspección?

Nadie lo sabe.

Y cuando en temas de salud pública la información desaparece, el vacío es ocupado por rumores, incertidumbre y miedo.

La situación adquiere mayor relevancia porque Lucas Martín no es una comunidad aislada en la sierra ni una zona rural apartada. Se trata de una zona urbana de la capital veracruzana donde cientos de familias conviven diariamente con perros, gatos y otros animales domésticos. Muchos propietarios acostumbran dejar a sus mascotas en patios, cocheras o incluso en la vía pública durante varias horas. Basta una pequeña herida, un rasguño o una lesión mínima para convertir al animal en un objetivo vulnerable.

Un experto en control de plagas y empresario de fumigaciónes, nos comenta que lo más grave es que la prevención es relativamente sencilla cuando existe información oportuna. Revisar periódicamente a las mascotas, atender cualquier lesión, mantener condiciones adecuadas de higiene y solicitar atención veterinaria inmediata ante signos sospechosos son medidas básicas que podrían difundirse mediante campañas públicas. Sin embargo, para informar primero hay que reconocer que existe un problema.

Y ahí aparece nuevamente el viejo vicio burocrático mexicano: la negación como política pública.

Durante años hemos visto cómo diversas autoridades reaccionan únicamente cuando el problema se convierte en escándalo. No actúan ante las primeras señales de alerta; esperan a que la situación alcance dimensiones mediáticas. Entonces aparecen conferencias, boletines, fotografías de supervisión y promesas de atención urgente. Para entonces, generalmente ya es demasiado tarde.

La responsabilidad de un gobierno moderno no consiste en administrar crisis consumadas, sino en prevenirlas. La transparencia no debería ser una concesión extraordinaria ni un acto de buena voluntad política. Es una obligación elemental frente a ciudadanos que tienen derecho a conocer los riesgos que afectan a su comunidad.

Si los reportes vecinales son incorrectos, las autoridades tienen la obligación de aclararlo con evidencia técnica. Si son correctos, tienen la obligación de actuar de inmediato. Lo que resulta inadmisible es esta cómoda posición de invisibilidad institucional que convierte a los ciudadanos en vigilantes, investigadores y voceros de problemas que corresponden al Estado.

En Veracruz, las plagas parecen avanzar más rápido que las autoridades, porque mientras las moscas trabajan todos los días, los responsables de proteger la salud pública siguen escondidos detrás del silencio oficial.