• Se quejan ante la CEDH y el Órgano Interno de la SEV para que emitan medidas cautelares y el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores involucrados.

Irineo Pérez Melo.- Al considerar que son vulnerados sus derechos laborales y humanos por la exclusión que son objeto, trabajadores adscritos al Programa Vasconcelos (Vehículos Autónomos de Soporte al Conocimiento y Liderazgo para la Organización Social), presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la intención que se emitan medidas cautelares contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Además, también hicieron llegar su queja al Órgano Interno de Control de la SEV, en donde se le solicitó el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados.
Al respecto, Gerardo Velásquez Maravert, secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), dio a conocer que dio acompañamiento a unos 25 trabajadores a quienes desde el pasado 7 de enero del año en curso se les ha negado el acceso a su centro de trabajo, lo que es un atropello a sus derechos humanos, laborales y fundamentales.
El dirigente sindical señaló que en las acciones mencionadas, debe haber un responsable, alguien dio esa instrucción de no dejarlos entrar y no permitir que continuaran laborando.
“Lo que estamos solicitando es muy claro: que se les permita continuar laborando y que sea el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA) quien resuelva, conforme a derecho, si procede el reconocimiento de su antigüedad, su basificación y la regularización de sus derechos laborales, con base en el Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los principios de justicia laboral que protegen al trabajador frente a actos arbitrarios de la autoridad”, añadió.
Recordó que desde que tuvo conocimiento de esta situación, buscó de manera institucional y respetuosa el diálogo con (funcionarios) de la SEV, incluso, a través de José Martín Rivera Martínez, que en ese momento era Coordinador de Asesores y, posteriormente, con Juan Darío Lemarroy Martínez, “quien sólo ha pateado el bote y no se ha resuelto nada”.
Destacó que muchos de los trabajadores afectados tienen más de 20 años laborando por lo que ya “no son trabajadores de confianza”, están en pleno derecho de demandar el reconocimiento de su antigüedad y sus prestaciones. “Eso no es una falta, no es una irregularidad; eso es ejercer un derecho legítimo” y más, porque no realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización en representación del patrón, sino actividades operativas permanente durante más de 15 años, añadió.
Además de evadir las responsabilidades laborales del estado, los afectados han sido presuntamente objeto de discriminación, obteniendo menos salario, menos prestaciones y menos derechos, además de tratos que presumiblemente tipifican varios delitos, tales como: Mobbing laboral, abuso de poder y discriminación de parte de la doctora Adriana Velásquez Flores, coordinadora del Programa Vasconcelos.
Eso, dijo, además de irregular, es profundamente injusto y puede constituir una forma de discriminación laboral estructural, contraviniendo las políticas públicas de esta administración.
“Ignoro si esta situación es del conocimiento de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinzoa, sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en el Programa Vasconcelos no es un caso aislado; es la evidencia de una práctica que se ha venido normalizando dentro de la administración pública: mantener trabajadores durante años en condiciones precarias para evitar reconocerles derechos.
Por último, hizo un llamado respetuoso pero firme a titular de la SEV y a la gobernadora Norma Rocio Nahle García, para que este tipo de situaciones no se conviertan en el sello de su administración. Permitir que dentro del propio gobierno se castigue a trabajadores por hacer valer la ley es romper el Estado de Derecho, concluyó.

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