Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

No es la gobernadora la que debe calificar el desempeño o la seriedad de una empresa. En la Ley está estipulado que las compras que realiza la administración estatal deben pasar por un proceso de licitación. *** Si este lunes la gobernadora Rocío Nahle hubiera argumentado que los vales que se entregaron como bonos a los empleados del sector salud fueron elegidos mediante un concurso, quizá su argumentación habría sido válida. *** Que ese mecanismo de pago (a todas luces ilegal) haya sido asignado de manera directa al grupo Chedraui habla del interés del gobierno estatal por favorecer a una empresa que podrá ser todo lo “seria” y “veracruzana” que quieran, pero que debe cumplir con los mismos mecanismos para obtener una adjudicación. *** Y es que entre los gobernantes surgidos de la “cuarta transformación” existe la creencia de que adquieren una patente de corso, que pueden disponer del Estado y sus recursos sin control alguno, lo que los hace caer en peores prácticas que las que ellos mismos criticaron y gracias a lo cual alcanzaron el poder. *** También es pertinente recordarle a la gobernadora que los alcaldes no forman parte de su gabinete, que no son sus subalternos. *** ¡Qué bueno que manifieste su inconformidad por la medida que tomó el ayuntamiento de Coatepec, de desalojar al comercio ambulante e instalar “parquímetros” en el centro de la ciudad!, pero eso de “pedirle” a la comuna de aquel municipio que “revise” la decisión, suena más a una orden que a una gestión. *** No podemos pasar por alto que en los últimos años la verdadera autoridad en Coatepec ha sido Éric Cisneros quien, desde su residencia en un exclusivo fraccionamiento de ese municipio, decide lo que se hace y lo que se deja de hacer. El aún alcalde Raymundo Andrade no es más que su empleado.

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Epílogo.

El reciente relevo en la Fiscalía General del Estado (FGE) y las reformas que aprobó el Congreso local, confirmaron que no está en la agenda de la actual gobernadora el respeto a la autonomía en organismo encargado de procurar justicia para los veracruzanos. Si eso sucede con la Fiscalía General, peor escenario es el que se observa en la Anticorrupción. *** Este lunes, en una entrevista que concedió al portal “Al Calor Político”, el abogado Tomás Mundo Arriasa afirmó que la Fiscalía Anticorrupción requiere mayor autonomía para mejorar su efectividad. La falta de decisión jurídica, por encima de criterios políticos -dijo- ha limitado la capacidad de la institución para actuar con libertad y resolver casos de mayor impacto. *** Tomás Mundo Arriasa considera que el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción debe traducirse en un incremento en sus recursos y una capacitación real para su personal, pues los fiscales suelen estar saturados de trabajo. *** Para justificar su existencia, dijo el abogado penalista, la Fiscalía Anticorrupción se ha concentrado en atender “delitos de bagatela” y deja pendientes las denuncias relevantes contra funcionarios de alto nivel, incluso de administraciones anteriores. *** ¿De verdad hay interés institucional en combatir la corrupción?